- En 1992 Alberto Fujimori dio inicio a su proyecto presidencial autoritario al cerrar el Congreso y anunciar la reorganización del Poder Judicial. A 24 años de este golpe a la democracia, les brindamos tres testimonios de ese triste episodio.
Ese domingo, una llamada telefónica desde el cuartel perturbó el descanso del coronel Óscar Gómez de la Torre. Eran las seis de la tarde del 5 de abril de 1992 y Gómez de la Torre, oficial de Inspectoría del Fuerte Rafael Hoyos Rubio, estaba siendo llamado de urgencia a su base ubicada en el distrito limeño de Rímac. No le dieron ninguna explicación, pero mientras salía de su vivienda, en la Villa Militar de Chorrillos, se dio cuenta que algo raro sucedía: los oficiales de otros destacamentos también estaban saliendo igual de apurados que él.
Cuando llegó al fuerte del Rímac, sede de la décima octava brigada blindada del Ejército del Perú, Gómez de la Torre no recibió ninguna orden. Solo le pidieron que se reuniera con los otros oficiales a esperar un importante anuncio del presidente de la República, Alberto Fujimori. ¿Qué estaba pasando? ¿Había un problema en las fronteras? ¿Les iban a aumentar el sueldo? A las nueve de la noche, los militares encendieron el televisor y Fujimori comenzó a dar un mensaje a la Nación en el que informaba que iba a disolver temporalmente el Congreso. Además, anunciaba que reorganizaría el Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría. Esa noche, con el pretexto de acelerar su proyecto de reconstrucción del país –que en esos años vivía una crisis económica y estaba sitiado por el terrorismo– Fujimori le estaba dando un duro golpe al sistema democrático.
El coronel Gómez de la Torre y algunos de sus colegas estaban confundidos: ¿desde cuándo un gobernante civil propicia un golpe de estado? Luego del anuncio de “disolver, disolver” del presidente empezaron llegar las órdenes desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los tanques salieron a las calles en cuestión de minutos. La artillería pesada tenía que posicionarse en la sede el Congreso y el Poder Judicial.
Gómez de la Torre –quien no participó de las operaciones ya que su función en esa época era administrativa– recuerda que esa noche los vehículos militares salieron sin misiles. “No tenía sentido llevar proyectiles a la ciudad. Los soldados tampoco cargaron la caserina de sus rifles. Estaba claro que nos estaban usando con un fin político”, comenta ahora el general retirado.
Incluso, esa noche, del fuerte del Rímac salieron unos enormes cañones autopropulsables que no tenían utilidad en un enfrentamiento urbano. Con esas enormes máquinas, que solo se dejaban ver en los desfiles, Fujimori quería disuadir a sus opositores y dar inicio a su proyecto autoritario.
MORDAZA A LA PRENSA
A la mañana siguiente del autogolpe, cuando el periodista Jorge Saldaña, cronista parlamentario del diario El Comercio, quiso acercarse al Congreso se encontró con dos tanques de fabricación rusa que le bloqueaban el paso. En ese momento, no era el único que no podía transitar libremente: los senadores y diputados que querían ingresar al edificio de la avenida Abancay eran detenidos por soldados y sacados a empujones. Mientras Saldaña trataba de obtener declaraciones de los parlamentarios, fue testigo de cómo unos ambulantes les lanzaban fruta. La campaña de desprestigio contra el Congreso que meses atrás había iniciado Fujimori estaba funcionando. Según los sondeos, 90% de la población apoyaba el autogolpe.
Pese a los obstáculos, Saldaña siguió buscando las reacciones de los políticos, a pesar de que mucha de la información que recogería no saldría publicada. La noche anterior, luego del mensaje presidencial, agentes del SIN entraron a la redacción del diario y se metieron a vigilar los contenidos. Hubo discusiones entre los militares y los editores pero al final se publicaron versiones corregidas de las noticias. Debido a la intervención, algunos diarios aparecieron con sus portadas en blanco. Esa noche les esperaba una batalla igual de ardua con los censores del gobierno.
La mañana siguió avanzando y ante la negativa de los parlamentarios de hablar por teléfono, Saldaña se enteró de una reunión en la casa de Lourdes Flores, en ese entonces diputada del PPC. “Todos hablaban del código 1160, que era la dirección de Lourdes, en donde se iba a realizar un cónclave multipartidario para declarar la vacancia de Fujimori”, recuerda veinticuatro años después Saldaña.
El reportero llegó al domicilio en San Borja junto con un fotógrafo. El vecindario estaba lleno de carros estacionados. Los periodistas tocaron la puerta número 1160 y los invitaron a pasar para que fotografiaran la sesión. Mientras esperaban en la sala de Lourdes Flores, apareció su padre, don César Flores, que creyó que Saldaña y su colega habían invadido su propiedad. En medio de la confusión, les pidió a gritos que salieran. Se retiraron para no enfrascarse en una pelea. El equipo de prensa regresó a la redacción sin su primicia y con la seguridad de que, sin una foto, los censores no les dejarían publicar esa noticia. A pesar de la desazón, Saldaña sintió cierta satisfacción: en el patio de la casa de Lourdes Flores se estaba dando inicio a una resistencia democrática.
DEFENSA DE PRINCIPIOS
Luego del autogolpe, Fujimori ordenó apresar a sus opositores. La vivienda del presidente de la cámara de diputados, el jurista arequipeño Roberto Ramírez del Villar, quedó rodeada por policías y militares. La mañana del 6 de abril, Óscar Urviola, en ese entonces diputado por Arequipa y primer secretario de la cámara, rompió el cerco humano y se acercó a conversar con Ramírez del Villar, que miraba a la calle desde la reja de su estudio. “Nos pidió que no bajáramos los brazos y que defendiéramos los principios democráticos”, cuenta hoy Urviola, quien se desempeña como presidente del Tribunal Constitucional.
Esa breve reunión inspiró a Urviola a no dejarse amedrentar, ya que en un video de la época se lo ve empujando a unos soldados que lo querían sacar a la fuerza del domicilio del jurista encerrado. “Fuera de acá, fuera de acá”, les dice Urviola con el dedo en alto. Después de eso, comenzaron las reuniones clandestinas entre parlamentarios para que el vicepresidente Máximo San Román asumiera el gobierno del país, según mandaba la Constitución.
Para esa ceremonia de investidura, que se iba a realizar en el Colegio de Abogados de Lima, se necesitaba una banda presidencial y Urviola fue asignado a recogerla en el domicilio del expresidente Fernando Belaunde Terry. El fundador de Acción Popular le dijo a Urviola que “si con ese acto colaboraba a restituir la democracia, con gusto lo haría”.
El día del evento, a San Román se le colocó la banda prestada y se dio un fuerte mensaje en el ámbito internacional: el gobierno de Fujimori era ilegítimo. A pesar de los esfuerzos, la resistencia se apagó a fines de 1992 ya que se convocaron a elecciones para conformar un nuevo Congreso. Urviola regresó a Arequipa pero aún no había bajado los brazos. El exdiputado estaba convencido que, desde su tierra, tenía que hacerle frente a los abusos de la dictadura que acababa de nacer.
